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Los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos y no comprenden las dificultades financieras de la vida en los Estados Unidos o aquellos que nos pueden proveer a sus familiares, generalmente se encuentran en dificultades económicas. En caso de nacer un hijo en los Estados Unidos, la carga de pagar el costo de servicios de médicos, hospitales y enfermeras con frecuencia excede a las familias que inmigran y se ven obligadas a solicitar asistencia social (welfare) para pagar esos gastos. Los gastos de alojamiento, alimentos y vestimenta generalmente superan a las familias inmigrantes que no comprenden o no son capaces de afrontar la carga de dichos gastos. La asistencia publica y el “welfare” surgen automáticamente como una solución y muchos inmigrantes se ven necesitados y aceptan esta ayuda. Esas personas que aceptan esa ayuda no saben que pueden ser acusados de fraude teniendo como resultado final la deportación.

Dentro de los cinco años a partir de la entrada al país, un inmigrante que solicito welfare puede ser obligado a demostrar que la necesidad de asistencia surgió después de su ingreso a los Estados Unidos, no con anterioridad. Para que un inmigrante sea sujeto de deportación debe demostrarse que el Estado envió al inmigrante un cargo por la provisión de welfare y que el inmigrante no pago el reembolso del “welfare”. Una persona no se convierte en carga pública por el solo hecho de haber recibido “welfare”. También debe demostrarse que el servicio o beneficio provisto es una obligación que el recipiente esta obligado a reembolsar y debe probarse que se hizo la demanda de pago correspondiente y que el inmigrante fallo al no reembolsar dentro del plazo de cinco años desde la recepción de los fondos. Si el inmigrante no cumple, puede ser deportado.

INDICE DE POBREZA

Una persona que no alcanza el monto mínimo requerido por el índice de pobreza no puede obtener la residencia permanente. El índice de pobreza define el ingreso mínimo de una familia, si un inmigrante gana menos que el mínimo, dependiendo del tamaño de la familia, no califica para ser residente permanente. Carga pública se define como una persona que por razones de pobreza, enfermedades mentales, enfermedades físicas o discapacidad tiene mayores probabilidades de convertirse en una carga para el erario publico. El índice de pobreza se define todos los años mediante regulaciones Federales. Para decidir quien es una carga pública se usan los siguientes factores: edad, salud, estatus familiar, bienes, recursos, estatus financiero, educación y habilidades. Una declaración jurada de soporte económico completada de manera apropiada y no fraudulenta es normalmente considerada suficiente para superar las provisiones de carga pública. La recepción de beneficios públicos por parte de un miembro de la familia no se atribuye generalmente al inmigrante al menos que se demuestre que el único medio de soporte de la familia. Si una persona ha recibido beneficios públicos, un Oficial Consular no tiene el derecho de insistir en el reembolso antes de otorgar una visa de inmigrante.

FRAUDE EN LA RECEPCION DE “WELFARE”

La Cámara de Apelación de Casos de Inmigración (BIA) sostuvo recientemente que el fraude en la recepción de “welfare” no encuadra en el delito de hurto. En una decisión del Cuarto Circuito de la Corte de los Estados Unidos, se distingue la figura del fraude de la del hurto indicando que en el hurto existe propiedad que es sustraída sin consentimiento del propietario mientras que el fraude en la recepción del “welfare” implica la existencia de un consentimiento otorgado u obtenido mediante declaraciones falsas. La BIA adopto la interpretación del Cuarto Circuito y sostiene que el fraude en la recepción del “welfare” no alcanza el grado de una felonía agravada.

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