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Agosto 2009
SUFRIDO VIOLENCIA DOMESTICA EN EL EXTRANJERO
La nueva Administración ha cambiado las regulaciones inmigratorias al permitir aplicar para obtener asilo político en los Estados Unidos a las victimas de violencia domestica en el extranjero. La Administración anterior denegaba esos reclamos por abuso sexual y violencia en el extranjero, estableciendo que esta clases de mujeres no pueden ser aceptadas porque no cumplen con los estándares determinados por las leyes de los Estados Unidos.
Las leyes de asilo o refugio de los Estados Unidos requieren prueba de un miedo de persecución fundamentado por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o membresia a un grupo particular. La pregunta ha sido si las mujeres que han sufrido violencia domestica en el extranjero podrían ser consideradas como miembro de un grupo social incluido en el estatuto. La Administración anterior rehusó incluir a estas mujeres abusadas dentro un grupo social porque temía la apertura de compuertas para su aplicación a nivel mundial. Se han denegado continuamente requerimientos de asilo a pesar de tratarse de casos de brutalidad, violaciones y abusos flagrantes donde las autoridades locales demostraron protección alguna.
Ahora la puerta ha sido abierta porque en países de Latino América, África y Asia, donde la violencia domestica es tolerada, las mujeres abusadas deben ser consideradas como un grupo social calificado para solicitar asilo. Las mujeres no consiguen protección de la policía en sus localidades, aun mudándose a distintas partes de su país y terminan escapándose a los Estados Unidos solicitando asilo.
La nueva Administración ha decidido considerar esos casos, sin embargo debe ser necesario demostrar bajo esas nuevas regulaciones que las mujeres no pudieron encontrar protección contra la violencia, violaciones, asaltos sexuales y amenazas de muerte en sus países de origen y que la policía desestima sus denuncias como asuntos privados. Ante la posibilidad que estos casos puedan superar la capacidad de las oficinas del Servicio de Inmigración, se han comprometido a considerar cuidadosamente dichos casos, aunque se insiste en que la prueba del abuso debe ser concluyente.
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